Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulga ley que restringe funerales de riesgo: “No daremos ni un paso atrás en la lucha contra el narco y el crimen organizado”

Con esta iniciativa, se completa un total de 61 leyes en materia de seguridad despachadas por el Gobierno, la cifra más alta desde el retorno a la democracia.

Este miércoles y desde la comuna de San Ramón, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó la promulgación de la Ley que establece normas para la realización de funerales de riesgo, iniciativa que busca prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia e inseguridad asociados a este tipo de funerales.

En compañía de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, el Mandatario destacó las diferentes medidas que contempla la nueva normativa, 

“Este es un compromiso que asumí en la Cuenta Pública en el año 2023 (…) Esta ley, como otras que hemos tramitado como Gobierno, son para personas como las de San Ramón que merecen vivir en paz”, aseguró.

La ceremonia se realizó en la Plaza Augusto D’halmar de San Ramón, en donde hasta julio del año pasado se ubicaba un mausoleo ligado al narcotráfico, removido en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos liderado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Gracias a un trabajo conjunto entre la Subdere, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y la Municipalidad de San Ramón, se ejecutó un proyecto de recuperación de espacios públicos, con juegos, nuevas luminarias, entre otros.

“Sólo en San Ramón se han recuperado 25 plazas con el Plan Calles Sin Violencia. Acá se muestra que el trabajo conjunto del Estado, Gobierno Regional, municipios y vecinos, da fruto”, profundizó el Jefe de Estado.

La nueva normativa promulgada hoy, completa un total de 61 leyes en materia de seguridad despachadas por el Gobierno, la mayor cantidad de iniciativas desde el retorno a la democracia.

El objetivo de la ley es normar la realización de funerales que representen un riesgo para la seguridad y el orden público, estableciendo un catálogo de delitos frecuentes para sancionar con la pena más alta a quienes los cometan: desórdenes públicos, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales y porte de armas blancas son algunos de ellos.

El Presidente agradeció la labor de todas las instituciones que trabajarán de manera conjunta con esta iniciativa, asegurando que “hoy Chile está mejor preparado, pero vamos a seguir enfrentando a delincuentes, narcotraficantes y a quienes perturban a la gran mayoría de chilenas y chilenos, trabajadores honestos que quieren una mejor calidad de vida”.

Y agregó: “A ustedes nos debemos y con ustedes estamos trabajando. Cuenten conmigo para no dar ni un paso atrás en esta lucha firme, consciente, contra el narco y el crimen organizado”.

La ministra Carolina Tohá, por su parte, que “nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los de los demás y en el caso de los narco funerales, hay demasiados antecedentes de que su manera de llevar adelante la despedida de una persona es a costa de los demás, haciendo sufrir, amenazando y festinando con el miedo de los demás. El proyecto que promulgamos hoy, como muchos otros en materia de seguridad, no son una varita mágica, pero cambian las cosas de manera positiva”.

Esta ley establece que la totalidad del proceso funerario deberá llevarse a cabo dentro de 24 horas, desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil hasta el traslado del fallecido al lugar de sepultación o cremación. 

Asimismo, Carabineros de Chile determinará el trayecto desde el lugar del deceso o Servicio Médico Legal hasta el lugar de sepultura o cremación, controlará la identidad de los asistentes e impedirá el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol o drogas.